Somos un despacho de abogados de derecho inmobiliario y registral en Málaga. Te asesoramos antes de comprar o vender, revisamos contratos y arras, y defendemos tus intereses en conflictos con promotoras, copropietarios, inquilinos o el Registro de la Propiedad. Trabajamos en Málaga capital y en toda la provincia.
Revisión de la nota simple y de las cargas, redacción y revisión del contrato de arras y de la compraventa, y acompañamiento hasta la firma en notaría.
Si el comprador o el vendedor se echa atrás, reclamamos las arras, su devolución duplicada o el cumplimiento forzoso del contrato, según lo pactado y el tipo de arras firmado.
Reclamamos la propiedad de inmuebles poseídos durante años sin título inscrito: fincas compradas en documento privado, terrenos heredados sin escriturar o porciones de fincas colindantes. Tramitamos también expedientes de dominio, reanudación del tracto e inmatriculación.
Rectificación de linderos y superficies, coordinación con el Catastro, cancelación de cargas caducadas y recursos frente a las calificaciones negativas del registrador.
Recuperamos las cantidades entregadas a cuenta para vivienda sobre plano cuando la promotora no entregó la vivienda, también frente al banco que recibió el dinero sin exigir aval.
Reclamamos a promotora, constructora y técnicos por vicios y defectos de la obra, tanto por la vía de la Ley de Ordenación de la Edificación como por incumplimiento del contrato.
Cuando un inmueble pertenece a varios propietarios (herederos, exparejas, socios) y no hay acuerdo, nadie está obligado a seguir en la comunidad. Negociamos la venta o la adjudicación, y si hace falta solicitamos la división judicial o la subasta.
Contratos de alquiler de vivienda y local, reclamación de rentas, desahucio por impago o expiración del plazo y conflictos sobre la fianza y las obras.
Recuperación de viviendas ocupadas por la vía civil o penal, según el caso, y asesoramiento sobre lo que el propietario puede y no puede hacer.
Revisamos si la plusvalía que te liquidó el Ayuntamiento es correcta y reclamamos su devolución cuando no hubo ganancia real o el cálculo era erróneo.
La usucapión, o prescripción adquisitiva, permite convertirse en propietario de un inmueble por haberlo poseído durante el tiempo y en las condiciones que exige el Código Civil. Es la solución habitual cuando alguien lleva años comportándose como dueño de una finca, o de parte de ella, pero no tiene un título inscrito a su nombre. El Código Civil distingue dos modalidades:
En ambas modalidades la posesión debe ser (art. 1941 CC):
Para completar el plazo puede sumarse el tiempo de posesión de quien te transmitió la finca, por ejemplo un padre o un vendedor anterior (art. 1960 CC).
La usucapión se declara mediante un juicio declarativo frente al titular registral o sus herederos, y la sentencia permite inscribir la finca a tu nombre. Cuando el problema no es tanto la usucapión como la falta de un título inscribible, por ejemplo una cadena de compras en documento privado o una finca que nunca se inscribió, puede ser posible regularizarla ante notario mediante un expediente de reanudación del tracto sucesivo o de inmatriculación (arts. 208 y 203 de la Ley Hipotecaria). Además, la Ley Hipotecaria regula cómo afecta la usucapión a quien ha inscrito la finca a su nombre: frente a un tercero que adquirió confiando en el Registro, la usucapión solo prevalece en los casos del artículo 36. Por eso conviene estudiar el historial registral antes de elegir la vía.
La mayoría de los conflictos inmobiliarios que llegan al despacho se habrían evitado con una revisión previa. Un contrato de arras mal redactado, una carga no detectada en el Registro o una superficie que no coincide con el Catastro pueden costar mucho más que el asesoramiento. Revisamos la documentación antes de que entregues dinero o firmes en notaría.
Depende del tipo de arras. Con arras penitenciales, el vendedor que desiste debe devolver el doble de lo recibido. Con arras confirmatorias, puedes exigir el cumplimiento del contrato o su resolución con indemnización. Por eso es tan importante revisar el contrato antes de firmarlo.
El Código Civil permite a cualquier copropietario pedir en cualquier momento la división de la cosa común. Si el inmueble no admite división física, se vende o se subasta y el precio se reparte según la cuota de cada uno. Antes de llegar al juzgado, solemos intentar un acuerdo de compra entre los propios copropietarios.
Sí, en muchos casos, incluidas promociones de hace años. La ley obligaba a garantizar esas cantidades con un aval o un seguro, y la jurisprudencia permite reclamar también al banco en el que se ingresó el dinero si no controló que existía esa garantía.
Hay dos vías compatibles. La Ley de Ordenación de la Edificación establece plazos de garantía de 1 año para defectos de acabado, 3 años para defectos de habitabilidad y 10 años para defectos estructurales, contados desde la recepción de la obra; si el defecto aparece dentro de ese plazo, hay 2 años para reclamar desde que se producen los daños. Además, cabe la acción por incumplimiento del contrato frente a la otra parte contratante (el vendedor, el constructor o la empresa que realizó una reforma, por ejemplo), sujeta al plazo general de prescripción del Código Civil para las acciones personales, que es de 5 años (art. 1964 CC) desde que la acción pudo ejercitarse. Para las acciones nacidas antes de la reforma de octubre de 2015 rige un régimen transitorio que hay que revisar caso por caso.
Con buena fe y justo título, 10 años si el propietario reside en España y 20 si reside en el extranjero. Sin título o sin buena fe, 30 años. En ambos casos la posesión debe ser en concepto de dueño, pública, pacífica e ininterrumpida.
Cuéntanos tu caso y te daremos una valoración inicial sin compromiso. Despacho en Alameda de Colón 9, planta 5, oficina 5, Málaga.