Hemos obtenido numerosas sentencias favorables frente a la comercialización irregular de productos financieros de alto riesgo, como swaps de tipos de interés, bonos estructurados, obligaciones subordinadas y participaciones preferentes.
Muchos de estos productos se ofrecieron a clientes minoristas, sin formación financiera ni perfil inversor, como si fueran un depósito o una «cobertura» sin riesgo. La normativa del mercado de valores, conocida como MiFID, obliga a las entidades a informar con claridad de los riesgos, a evaluar si el producto es adecuado para el cliente (test de conveniencia y, cuando hay asesoramiento, test de idoneidad) y a no recomendar productos que no se ajusten a su perfil.
Los swaps se colocaron con frecuencia a particulares, autónomos y pequeñas empresas, a menudo vinculados a un préstamo o una hipoteca, presentados como un seguro frente a la subida de tipos. Cuando los tipos bajaron, el cliente empezó a pagar liquidaciones negativas, a veces muy elevadas, y en caso de querer cancelarlo se le exigía un coste de cancelación que desconocía.
Si el banco no explicó adecuadamente el funcionamiento del producto, el riesgo de bajada de tipos y el coste de cancelación, el contrato puede anularse y las partes deben devolverse lo que se pagaron.
Las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas son productos perpetuos o a muy largo plazo, sin garantía del Fondo de Garantía de Depósitos y con riesgo de pérdida del capital. Los bonos estructurados y las obligaciones convertibles pueden terminar convirtiéndose en acciones con un valor muy inferior al invertido. Cuando se vendieron sin explicar estos riesgos, el cliente puede reclamar la recuperación de lo invertido.
Los plazos son distintos según la vía. La acción de nulidad por error está sujeta a un plazo de cuatro años que, según el producto, se cuenta desde la terminación del contrato o desde que el cliente pudo conocer el error. La acción de indemnización tiene un plazo de prescripción diferente. Por eso es importante revisar cada caso cuanto antes.
En general, la reclamación se dirige contra la entidad que lo absorbió. En algunos casos, como el de los inversores del Banco Popular, hay limitaciones específicas que dependen del producto y de cómo y cuándo se adquirió, por lo que hay que estudiar cada caso.
Una cláusula predispuesta en la que el cliente declara conocer los riesgos no basta por sí sola. Lo relevante es si la entidad le dio realmente una información clara, completa y comprensible antes de contratar.
Si contrataste alguno de estos productos y sufriste pérdidas, cuéntanos tu caso y valoraremos si existe una vía de reclamación. Más información en derecho bancario en Málaga.